Sin debate social previo, el Estado ha vuelto a viejas prácticas dictando leyes de censura y volviendo a situaciones coercitivas (de censura y autocensura) que teníamos olvidadas desde los setenta.
El éxito de las leyes de censura estriba en la ignorancia y el miedo. Su promulgación no tiene nada que ver con el respeto ni con la protección de la dignidad de nadie, sino con truncar la iniciativa de participación. Alguien que desea opinar pero que no tiene muy claro qué puede y qué no puede decir, es muy probable que desista de su modesto empeño. Y esto es, precisamente, lo que se busca.
El fundamento último de la medida es equiparar escribir de manera improvisada, a publicar y firmar. En ese ámbito nuevo (de lo escrito con valor de dicho de viva voz, que es el de los comentarios en los medios sociales), es en lo que el Estado ha encontrado una excelente excusa para una largamente deseada intervención. Ese es el debate social que falta y que quizá nunca se dé: si por gritar insultos en una manifestación nadie ha sido detenido, aunque haya sido grabado haciéndolo, ¿no tendrá parecida consideración un comentario escrito improvisadamente? ¿Todo lo escrito tiene la misma validez? ¿No existe la obligación de registrar ante notario lo dispuesto por escrito porque de otra manera carece de validez?, ¿No será necesaria una nueva gradación en lo escrito para evitar, precisamente, situaciones de coerción de la libertad de expresión?
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