La administración pública, en principio garante del bien común, no deja de contradecirse, promoviendo, por una parte, el ambientalismo como nueva religión de Estado, mientras, por otra, legisla para hacer que el territorio al completo le rinda beneficios por medio de la supresión de lo semi privado o semi público, de manera que el suelo genere ingresos, primero por venta, y después por pago de ese falso e ilícito alquiler que es el IBI. Después está la necesidad de urbanizar para hacer que el dinero se mueva; otro afán devastador para con el medio, pasando por por encima de cactividades positivas del ser humano para con el medio, como son los huertos urbanos.
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