Visto que no parece posible dar cumplimiento a los derechos constitucionales, como el acceso a una vivienda, y que se han retirado los privilegios al Rey, también parece llegado el momento de que deje de haber privilegios para los funcionarios.
El absentismo laboral debe ser combatido con todos los medios disponibles y con carácter retroactivo (hasta la entrada en vigor de la actual Constitución), de la misma manera que los períodos en los que no se pueda justificar un trabajo desarrollado. Para estos delitos deberán imponerse las correspondientes multas y devoluciones con intereses.
Es posible que alguien piense que el ingente número de funcionarios estorbará la viabilidad de una propuesta como esta, pero no debe despreciarse el número de aquellos que han cumplido las obligaciones para las que fueron contratados y que también están descontentos con la corrupción de su entorno laboral.
